Once años y medio después de que comenzara la investigación de presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Estepona, en marzo del 2007, el bautizado como caso Astapa, no sólo no se ha celebrado aún el juicio, sino que 39 de los 94 procesados habrían estado imputados sin motivo durante más de una década. Al menos, eso se desprende de la acusación provisional presentada este viernes por la Fiscalía, que ha solicitado el archivo de la causa para casi una cuarentena de todos los investigados. En el escrito de conclusiones provisionales, según ha trascendido de fuentes judiciales, el Ministerio Público acusa a medio centenar de personas, entre ellos el ex alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE). Pero contra casi la mitad de los inicialmente imputados no ve ahora responsabilidades penales.
Del documento no han trascendido más detalles al estar pendiente de notificación a las partes, aunque deja en evidencia, una vez más, la extrema lentitud con la que se desarrollado la instrucción de esta causa. Las diligencias han estado dirigidas en este tiempo por varios jueces diferentes y se ha llegado a los 107 imputados, una cifra que ha quedado reducida ahora a 51.
La instrucción de este caso ha estado marcada por numerosas quejas de letrados que denunciaban las demoras judiciales en un proceso que se inició en noviembre del 2006, con la denuncia de los concejales, David Valadez y Cristina Rodríguez; continuó enmarzo del 2007 con la apertura de diligencias de investigación y las primeras detenciones tuvieron lugar en junio de 2008. La instrucción ha sido tan larga que en este tiempo cuatro de los investigados han fallecido.
Como consecuencia de todo ello, se da por hecho que la futura sentencia -cuya fecha es toda una incógnita- verá aliviada las penas, en el caso de que se produjesen, en virtud de las evidentes dilaciones indebidas que ha sufrido el proceso judicial. La instrucción en sí no acabó hasta mayo de 2017, cuando el juez Torres dictó el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado y ordenó seguir la causa contra 94 personas. Ya entonces, el instructor dejó fuera del proceso a 26 encausados.
Según el auto de procedimiento abreviado dictado en su momento, «en el ámbito de urbanismo es donde se concentra principalmente la auténtica clave de arco de la irregularidad que entra dentro del ámbito penal», fundamentalmente en una supuesta infravaloración de los convenios urbanísticos. También se aludía a presuntas irregularidades en la contratación y en materia de financiación del Ayuntamiento.
Las defensas, algunas de las cuales están pendientes de que se resuelvan algunos susrecursos en la Audiencia Provincial de Málaga, no han sido aún notificadas del escrito. Algunas de ellas han manifestado hoy a esta redacción que “en su momento se demostrará que no existió infravaloración en los convenios urbanísticos ”.
Por otra parte, como ya dijimos desde esta redacción, algunos de los investigados señalaron recientemente las presuntas vinculaciones del comisario Villarejo, actualmente en prisión, con algunas de las personas implicadas en este procedimiento y han solicitado que se incorporara a esta causa el resultado de las investigaciones que se están llevando a cabo por Juzgado Central de Instrucción N°6 en la Operación Tándem y que estén relacionadas con el caso Astapa. Esta petición, así como algunas otras, está pendiente de resolución por parte de la Audiencia Provincial de Málaga.