Estos terrenos están incluidos en su totalidad en el Parque Natural del Estrecho, y por tanto la consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente tiene el derecho de tanteo y retracto sobre su compraventa. Incomprensiblemente, la consejería ha desestimado la oferta de ENDESA para su adquisición, a pesar de su relevancia paisajística y ambiental, y su carácter emblemático en el litoral gaditano.
Los terrenos se encuentran en un área triplemente protegida por la normativa del citado Parque Natural, por la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo y por la Red Natura 2000 (RN2000) de la UE, como Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Tanto el Tribunal Supremo (TS) como el Tribunal Constitucional (TC) han dictaminado que todos los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 tienen que protegerse como suelos no urbanizables de especial protección. Sentencias que la Junta de Andalucía viene ignorando, lo que puede acarrear responsabilidades administrativas y penales.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara, la sentencia 189/2014 dictaminó que la inclusión de unos terrenos en la Red Natura 2000 “comporta la sujeción de esos terrenos a unos regímenes de protección que (…) determina que sea preceptiva su clasificación como suelo no urbanizable de especial protección”.
Un informe del gabinete jurídico de la propia Junta de Andalucía de 30/7/2021, concluye que “Los terrenos incluidos en la Red Natura 2000, desde la perspectiva de su clasificación, ex lege o de manera reglada, deben configurarse como suelo en situación rural (normativa básica) o suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica”.
Por tanto, estos terrenos están totalmente blindados contra la especulación urbanística, y no es viable legalmente ningún tipo de proyecto urbanístico.
Por ello, Ecologistas en Acción se ha dirigido a la Consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente recordándole que la Junta de Andalucía tiene la obligación de dotar de la máxima protección a los espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000.
También le ha solicitado que informe a la empresa propietaria de esta finca y al ayuntamiento de Tarifa de la situación legal de estos terrenos, y de la imposibilidad de urbanizarlos, para ahorrarnos polémicas y una alarma social innecesaria.
Ecologistas en Acción expresa públicamente su firme rechazo ante los continuos proyectos urbanísticos que se anuncian, y algunos ya se tramitan, en el privilegiado litoral de Tarifa, y denuncia el apoyo al cementado de las playas vírgenes del ayuntamiento de Tarifa, con el apoyo de la Junta de Andalucía.
Ecologistas en Acción advierte a Altanea y a los posibles inversores que cualquier intento de urbanizar esta finca se enfrentará a una fuerte oposición social y las correspondientes denuncias y recursos administrativos y judiciales. Ya existen precedentes legales que respaldan la protección estricta de este litoral, como sucedió con la anulación del proyecto urbanístico de Valdevaqueros por el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción.
La Ensenada de Bolonia no es un lugar para la especulación, sino un patrimonio natural e histórico clave para las generaciones futuras. Ecologistas en Acción hace un llamamiento a la ciudadanía para movilizarse y proteger este espacio único, rechazando proyectos que amenacen sus valores ecológicos y paisajísticos.