La parte fija de la factura se ha encarecido en un 155,8%. La asociación reclama al Gobierno que baje el IVA de la electricidad al 4% y establezca una tarifa regulada para las familias.
El recibo de la luz del usuario medio ha subido un 85,7% en sólo 15 años, según un estudio de FACUA-Consumidores en Acción. Con las tarifas vigentes en agosto de 2018, la factura mensual representa 80,73 euros, frente a los 43,47 euros que suponía en 2003. La diferencia supone nada menos que 37,26 euros.
Un análisis realizado por FACUA sobre decenas de miles de facturas de viviendas ocupadas indica que en España el usuario medio consume 366 kWh mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kW. Tomando como referencia las tarifas semirreguladas vigentes en los meses de agosto, la factura ha pasado de los 43,47 euros de 2003 a 55,31 euros en 2008, 74,81 euros en 2013 y 80,73 euros en 2018.
– En el año 2003, el usuario medio (que tenía contratada la tarifa 2.0) pagaba al mes 43,47 euros (35,65 euros más el 21,93% de impuestos indirectos vigentes en esa fecha).
– Con las tarifas vigentes entre julio y diciembre de 2008, el usuario medio (que tenía contratada la tarifa 2.0.2) pagaba 55,31 euros mensuales (45,37 euros más el 21,93% de impuestos indirectos).
– En agosto de 2013, un usuario medio con la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR) pagaba 74,81 euros al mes (58,82 más el 27,19% de impuestos indirectos vigentes).
– Con las tarifas de agosto de 2018, el usuario medio sujeto al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y un contador todavía no adaptado a la telegestión paga 80,73 euros (63,47 más el 27,19% de impuestos vigentes en la actualidad).
La parte fija de la factura ha subido un 155,8%
El análisis de FACUA pone de manifiesto que la parte fija de la factura se ha incrementado en quince años en un 152,8%. El precio de cada kW de potencia contratada ha pasado, redondeando a dos decimales, de los 1,73 euros/kW/mes (1,42 más ii) de agosto de 2003 a 1,99 euros (1,63 más ii) en agosto de 2008, 3,78 euros (2,97 más ii) en agosto de 2013 y 4,36 euros (3,43 en agosto de 2018.
En cuanto a la parte variable del recibo, el precio del kWh de energía consumida se ha encarecido en un 71,5% desde agosto de 2003. Ésta ha sido su evolución, siempre redondeando a dos decimales: 9,80 céntimos (8,04 más ii) en agosto de 2003, 13,17 céntimos (10,80 más ii) en agosto de 2008, 15,90 céntimos (12,50 más ii) en agosto de 2013 y 16,81 céntimos (13,22 más ii) en agosto de 2018.
Reivindicaciones al Gobierno
FACUA ha trasladado al Gobierno un documento con sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica de las familias españolas. La asociación denuncia que la liberalización del sector iniciada en la etapa de José María Aznar ha sido una auténtica estafa a los consumidores y reclama medidas que pongan freno a las prácticas que lleva a cabo un oligopolio que no sólo no quiere competir, sino que especula con unas tarifas que están infladas artificialmente.
La semana pasada, el vicepresidente y portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, mantuvo una reunión con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, en la que le entregó un informe con las Valoraciones y propuestas de FACUA sobre el suministro eléctrico, garantía de acceso a los consumidores domésticos y lucha contra la pobreza energética.
La bajada del IVA de la electricidad es una de las demandas de FACUA. Bajarlo al 4% ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales. Así lo pone de manifiesto un análisis realizado por la asociación tomando como referencia las tarifas de los últimos doce meses con la aplicación de los impuestos indirectos vigentes en la actualidad y la bajada de casi 18 puntos porcentuales que representaría la aplicación del IVA superreducido.
La principal medida propuesta por FACUA es la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo. El análisis realizado por el equipo jurídico de la asociación pone de manifiesto que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria. Los desproporcionados precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias españolas justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores.
La asociación advierte de que el bono social del Gobierno de Rajoy ha sido un fracaso aún mayor que el que se aprobó durante la etapa socialista de Zapatero. Por un lado, porque supone descuentos poco significativos e impone niveles de renta excesivamente bajos para acceder a él -salvo a las familias numerosas, que pueden beneficiarse todas-. Por otro, porque el desconocimiento de su existencia para muchas familias y el hecho de que deba ser solicitado expresamente a las eléctricas, con la aportación de documentación acreditativa de los niveles de renta y la situación familiar, han provocado que un ínfimo porcentaje de sus beneficiarios potenciales acceda a él.