Los Ayuntamientos de Casares, Jimena, Gaucin, Tesorillo y Castellar se reúnen con la Unión Española Fotovoltaica para intermediar con las empresas del sector

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Los representantes locales acordaron trasladarles “las inquietudes de cada municipio para que se puedan explorar vías de diálogos con las empresas y no de imposición”, así lo ha señalado el teniente de alcalde de Casares, Juan Luis Villalón, que participó en este primer encuentro junto a los alcaldes Fran Gómez de Jimena, Pedro Godino de Gaucín, Jesús Fernández de Tesorillo, y el teniente de alcalde de Castellar, Raúl Egea.
El director general de la Unión Española Fotovoltaicas (UNEF), José Donoso, junto al delegado de Andalucía, se trasladaron ayer a Casares para abrir una vía de intermediación con los ayuntamientos afectados por la implantación de megaproyectos de plantas solares. Una primera toma de contacto con la que, según explicó Donoso, se trata de “comenzar a buscar acuerdos con los territorios para que la implantación de este tipo de proyectos se realice teniendo en cuenta la voluntad de los ayuntamientos que son los representantes de la ciudadanía”.
Por lo que desde cada uno de los municipios se va a trasladar sus inquietudes a la UNEF que servirá como nexo de unión con las empresas del sector para nuevas abrir vías de diálogo.
La UNEF es la asociación del sector fotovoltaico español en el que se aglutinas más de 600 empresas promotoras de plantas fotovoltaicas, fabricantes, empresas de autoconsumo y consultorías. Entre sus objetivos está comunicar a la sociedad española lo que es la fotovoltaica y ayudar a construir marcos reguladores adecuados para su desarrollo, además de facilitar la puesta en contacto entre empresas y posibles usuarios, y facilitar los contactos con la sociedad civil y sus representantes.
Los Ayuntamientos de Casares, Jimena, Gaucin, Tesorillo y Castellar, llevan trabajado desde hace meses de forma conjunta en la búsqueda de soluciones para que la instalación de las plantas de energías renovables se realice en sus municipios de forma sostenible y planificada, sin perjuicio para el desarrollo de sectores agrícola o turístico, sin que afecte a sus valores medioambientales, ni a sus paisajes, ni a los propietarios locales. Por lo que se han trasladado a la Junta de Andalucía para solicitar una moratoria, ante la avalancha de proyectos de plantas fotovoltaicas en sus municipios, hasta que se desarrolle un marco legal regulador.

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